Tomada del banco de imágenes de Ciudad Alternativa, 9 de noviembre 2017.

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Gobierno manipula cifras para reducir déficit habitacional

Posicionamiento de Casa Ya ante la nueva metodología de cálculo del Déficit Habitacional: ni son todas las que están, ni están todas las que son.

Santo Domingo. La Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano (Casa Ya) hace público su rechazo total a la nueva metodología de cálculo del Déficit Habitacional, tanto en la forma como en el resultado; recientemente publicada por el gobierno dominicano a través del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En el nuevo ejercicio de aproximación realizado por ambas entidades, tomando como base al Censo 2010, el déficit habitacional total apenas asciende a 1,369,211 unidades habitacionales, de las cuales 1,041,215 serían viviendas con deficiencias recuperables en sus estructuras y servicios básicos (déficit cualitativo) y las restantes 327,996 serían viviendas que harían falta construir (déficit cuantitativo). En total, según la nueva estimación, tan solo el 51.4% de las viviendas particulares ocupadas del país tendrían algún tipo de deficiencia habitacional.

En tal sentido, el colectivo Casa Ya expone sus principales puntos disidentes con esta nueva forma que pretende utilizar el gobierno para medir el déficit habitacional del país.

La frontera del déficit habitacional. La nueva propuesta metodológica es tan solo el cruce de criterios de dos métodos antagónicos de medición del déficit habitacional en RD, no ha sido el resultado de un análisis crítico y abierto sobre cuáles componentes están considerando ambas metodologías como deficiencias habitacionales y cuáles otros han dejado fuera, y a partir de ahí apostar por criterios más integrales y multidimensionales para la medición del déficit habitacional. Esto ha ocurrido así porque la intención de fondo del MEPyD siempre ha sido desmontar la metodología de cálculo que originalmente había planteado la ONE con el apoyo técnico del Centro Latinoamericano y del Caribe de Demografía (CELADE), la cual sitúa el déficit habitacional total en torno a 2.1 millones de vivienda con los datos del Censo 2010. En tal sentido, tan solo se ha procedido a cruzar y matizar estos resultados originales de la ONE con unos criterios que posteriormente desarrolló el MEPyD en una estimación del déficit mucho más conservadora y minimalista.

El gobierno ha preferido adaptar las categorías para medir el déficit habitacional a las posibilidades actuales de medición en la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) y no a un diagnóstico real de las carencias habitacionales.

El resultado es un traje hecho a la medida que condiciona el diagnóstico de las necesidades de viviendas dignas al alcance de las intervenciones gubernamentales en ejecución, y que no cuantifica las carencias habitacionales de fondo, las cuales ni la nueva ni las anteriores mediciones del déficit habitacional han sabido recoger. Ha primado la experticia sobre el análisis social multidisciplinario.

Sobre los nuevos criterios para definir y cuantificar el déficit cualitativo se considera lo siguiente, según el caso:

Materiales de construcción: una vivienda de madera, con techo de zinc y piso de cemento es considerada ¨aceptable¨ y sin ninguna deficiencia. Con el conveniente y acomodado pretexto de que el Censo 2010 no evalúa la calidad de estos materiales, y apelando además a consideraciones y juicios de valor de tipo ¨se han usado tradicionalmente como materiales seguros¨ o, son los ¨materiales más utilizados¨, se pretende volver invisible las carencias de los materiales de construcción del parque habitacional del país y naturalizar las vulnerabilidades que afectan alrededor de 60% de los hogares del país. Conviene resaltar el caso de las paredes con ¨tabla de palma¨, material que se considera con deficiencia cuando se trata de las zonas urbanas pero que se pasa como ¨aceptable¨ en las zonas rurales, bajo el alegato de que en los campos ¨es de uso muy frecuente¨ y ayuda a combatir el calor. Con argumentos baladíes como estos más de 73 mil hogares en zonas rurales dejaron de ser considerados dentro del déficit cualitativo por los materiales de construcción.  

Servicios básicos: a juicio del MEPyD la responsabilidad del Estado es hacer un acueducto y llevar las tuberías a la comunidad, mientras que corresponde a las familias la responsabilidad de realizar las obras y conexiones para que el agua pueda distribuirse dentro de sus viviendas, así como asumir los costos asociados a estos trabajos. Bajo este planteamiento, el gobierno saca de la medición del déficit habitacional 556 mil hogares con agua en el patio, asumiendo que estos las tienen allí porque quieren. Desde nuestro punto de vista, esta decisión violenta el “Estado Social y Democrático de Derecho” consagrado en la Constitución de la República y profundiza las desigualdades en el acceso a agua justamente en el supuesto ¨cuatrienio del agua¨ que alegó el presidente Danilo Medina, en referencia al período 2016-2020. Además, contradice las propias ejecutorias del gobierno en materia de vivienda (La Nueva Barquita, Mesopotamia, Boca de Cachón o los proyectos del INVI), en donde la provisión del servicio de agua dentro de la vivienda es uno de los servicios básicos que se dejan instalados en la mayoría de estos proyectos. 

Decir que ¨agua en el patio no es déficit¨ es abrirles las puertas al abandono de programas gubernamentales que ataquen las denominadas enfermedades de la pobreza, las cuales guardan estrecha relación con el agua y las formas de acumulación del líquido (dengue, malaria, zika, chikungunya, difteria, enfermedades parasitarias e infectocontagiosas , entre otras). Es aquí en donde el carácter multidimensional del déficit habitacional debería cobrar mayor relevancia y cruzarse con principios básicos de salud preventiva contemplados en la Ley General de Salud, No. 42-01.

Otro elemento igual de pernicioso lo constituye el considerar como ¨aceptable¨ y sin deficiencia habitacional el hecho de que más de 200 mil familias tengan que recurrir a sacar agua de pozos para abastecerse del agua, ante la ausencia de acueductos y tuberías que lleguen a sus comunidades. La justificación que se ofrece para esto es que el INVI lo considera una ¨solución alternativa viable¨. Esta desafortunada decisión ignora la advertencia que hacen especialistas ambientales y de sanidad pública, así como la propia CAASD sobre los niveles de contaminación del subsuelo por pozos, lo cual solo en el Gran Santo Domingo llega al 82%.

Por otra parte, también se considera sumamente preocupante que en la nueva metodología del déficit habitacional se considere ¨aceptable¨ y sin déficit habitacional que un hogar o familia tenga que utilizar letrinas en los campos para hacer sus necesidades. El pretexto utilizado para tal atropello es que ¨en algunas comunidades¨ no se dispone de la infraestructura para conexiones de alcantarillados que permitan hacer descargar un inodoro. En tal sentido, el gobierno dominicano está planteando que, como no tiene la voluntad política para solucionar el problema, lo mejor es aceptarlo y sacar esa problemática del cálculo del déficit habitacional. El asunto es que esas comunidades, que según el gobierno son solo ¨algunas¨: representaban más de 243 mil hogares en el Censo 2010.

Tipo de vivienda: la propuesta llega al extremo de considerar que las viviendas compartidas con negocio no tienen deficiencias en las zonas rurales, pero sí en las zonas urbanas. Para tal planteamiento no se vale de ninguna evidencia física o estudio sobre las condiciones de las viviendas en ambas zonas. Simplemente se recurre a argumentar que hay que ¨armonizar¨ con una ley que data de la dictadura de Trujillo, la No. 675-44, de hace más de 70 años. Se registran alrededor de 12,700 familias que comparten viviendas con negocios y esta propuesta no hace más que contribuir a seguir sembrando desigualdad en el campo.

De igual forma, sobre los criterios para definir y cuantificar el déficit cuantitativo, o de viviendas que hacen falta construir, se destaca que estos son prácticamente una fotocopia de la metodología que el MEPyD había desarrollado unos años atrás para el Sistema de Indicadores Sociales (SISDOM), la cual minimiza de manera significativa la cantidad de núcleos de hogares en situación de allegamiento interno (varios núcleos familiares dentro de un hogar, habitando una misma vivienda).

La propuesta del MEPyD indica que de unos 430 mil núcleos de hogares que se identifican en esta situación de allegamiento interno, tan solo unos 52 mil pueden ser ¨considerados¨ en déficit habitacional. Esto así porque se ha privilegiado utilizar los criterios que MEPyD considera adecuados para definir el hacinamiento y, además, discriminar estos hogares según el nivel de ¨dependencia económica¨ o el número de personas que trabajan en ese hogar. Con esta decisión el gobierno dominicano considera que si una familia no tiene dinero suficiente para mantener una vivienda no la merece. Tal parece que asistimos a un Estado que exige “comprar” el derecho a la vivienda y sigue condenando a los más empobrecidos y excluidos a habitar en los espacios físicos más carenciados.

Lo peligroso de legitimar esta visión neoliberal de las políticas sociales, es que atenta contra el principio de cohesión social que tanto enarbola el MEPyD en la “Estrategia Nacional de Desarrollo”, fomentando apartheid, socavando derechos e invisibilizando a una importante población con carencias habitacionales que, hasta que no consigan un trabajo, no merecen ni siquiera ser reconocidos, al menos, en las estadísticas oficiales del déficit habitacional. Son tan pobres que no pueden comprar el derecho a estar presentes en la “lista de espera”.

Este conjunto de réplicas de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano fueron compartidas con los/as representantes del gobierno en la mesa interinstitucional que fue creada para procurar un consenso en la materia. Los planteamientos “fueron escuchados”, pero ninguno de ellos se tomaron en consideración por los funcionarios allí presentes a la hora de diseñar tal metodología. La respuesta a nuestros disensos fue sacarnos del espacio sin ningún aviso.

Aun con todos los maquillajes, la situación del parque habitacional del país es de extrema gravedad. Casa Ya reitera su posición y desacuerdo, por las razones antes expuestas, a esta propuesta para medir el déficit habitacional con una intención, no de diagnosticar un grave problema que es un determinante fundamental de la pobreza, sino con el objetivo de “limpiar” un indicador y adecuarlo a las posibilidades de una encuesta y los mediocres programas de asistencia que poseen las siete (7) instituciones públicas que ejecutan programas de vivienda en el país.

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